España cerró el pasado año con un total de 21.573 puntos de recarga públicos operativos para coches eléctricos. Sin embargo, según los objetivos fijados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), nuestro país debe alcanzar entre 80.000 y 110.000 a cierre de 2023. 

Según los datos del Anuario de la Movilidad Sostenible elaborado por la Asociación Empresarial para el Desarrollo de la Movilidad Eléctrica en España y Portugal (AEDIVE), solo en el año 2022 se instalaron en España 8.200 puntos de recarga. Es decir, el 33% del total de las IRVEs públicas existentes se instalaron durante el pasado año. Una cifra excepcional que demuestra la gran evolución del sector pero que debe ir en aumento en los próximos años. 

Desde AEDIVE recuerdan que, si bien estos datos son una gran noticia para el sector, hubo más de 7.000 puntos de recarga que no pudieron ponerse en marcha por estar pendientes de algún tipo de permiso. De no existir dichas trabas, la cifra total de IRVEs públicas instaladas en 2022 habría ascendido en un 54%. 

Por ello, desde electrico.es creemos en la necesidad de impulsar una colaboración público-privada entre empresas y administraciones que, entre otras cosas, fomente la eliminación de las barreras hacia la infraestructura de recarga pública.

En el año 2022 se matricularon en España un total de 52.224 vehículos eléctricos puros, de los cuales 31.388 fueron turismos. En lo que va de 2023, las matriculaciones de este tipo de vehículos aumentaron un 60,9%, con 15.172 unidades matriculadas entre enero y abril. 

Teniendo en cuenta el importante incremento que están experimentando las ventas de coches eléctricos en nuestro país, la necesidad de aumentar el número de puntos de recarga públicos se hace cada vez más notoria. 

Si tenemos en cuenta solo el mes de abril de 2023, las matriculaciones de vehículos eléctricos aumentaron un 80,9% respecto al mismo mes del año anterior, con un total de 3.621 unidades matriculadas. 

Por eso, nuestro objetivo fundamental es la creación de una red de carga pública propia de última generación que cubra las necesidades de los usuarios de coches eléctricos en nuestro país y que contribuya al impulso y fomento de la movilidad eléctrica sostenible.