El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha aprobado la modificación de la orden por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado para simplificar y agilizar la implantación de puntos de carga eléctrica.
La medida había sido adelantada a mediados de marzo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una reunión con representantes del sector de la automoción. Sin embargo, no se aprobó hasta el pasado martes 24 marzo, tras haber sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Esta modificación se suma a la ya realizada en 2021, pero con una novedad. Para poder simplificar y agilizar el procedimiento de obtención de las autorizaciones para facilitar el despliegue de instalaciones de puntos de carga eléctricos dentro de la Red de Carreteras del Estado, se establece una declaración responsable en la que el titular de la autorización de la instalación principal manifieste que ostenta dicha autorización y que está conforme con que un tercero instale los puntos de recarga de vehículos eléctricos.
Así, se añade una vía más sencilla con la que deja de ser necesario elevar el contrato a público, sino que el interesado podrá acreditar que el titular de dicha autorización de la instalación principal ostenta esa posición y está conforme con la actuación que se solicita de una forma mucho más ágil.
Esta medida se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a través del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado, más conocido como PERTE VEC. Entre los objetivos de dicho proyecto destaca precisamente el establecimiento de medidas de carácter normativo que faciliten y favorezcan tanto a los vehículos eléctricos como a toda la red de infraestructuras de recarga.
Los trabajos han estado coordinados también a través del Grupo de Trabajo de Infraestructura de Recarga del Vehículo Eléctrico (GETRIVE), presidido por la Secretaría de Estado de Energía.
Desde electrico.es, nuestro objetivo es la creación de una red de carga eléctrica pública y propia de última generación. Por eso, celebramos este tipo de medidas que tienen como objetivo establecer procedimientos normativos más sencillos y ágiles con el fin de impulsar la movilidad eléctrica y avanzar, paso a paso, hacia un sistema más ecológico que cumpla con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Europa. Asimismo, creemos que esta la responsabilidad del despliegue de puntos de carga debe ser fruto de la colaboración público privada.